Con información de El Carabobeño
Un juez colombiano imputó el martes los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, en una audiencia pública celebrada en Bogotá. La imputación la hizo el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías, que además imputó a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, también detenida por delitos de lavado de activos y violación de datos personales.
Tanto Nicolás Petro Burgos como Vásquez no aceptaron los cargos presentados ante el juez por el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.
Como se recordará, el hijo mayor del presidente fue detenido el sábado en Barranquilla como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía luego de que su exesposa revelara a la prensa que éste recibió dinero ilegal para la campaña de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino pues lo utilizó para incrementar su patrimonio.
El fiscal acusó a Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, de “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad” a dinero ilícito en el marco del delito de lavado de activos, mientras que en el de enriquecimiento ilícito lo señaló por “obtener para sí o para otro” bienes y recursos de forma ilegal.
En cuanto a Vásquez, además del lavado de dinero se le imputó un cargo de violación de datos personales por la “invasión de la intimidad de Laura Ojeda”, actual pareja de Petro Burgos, de quien obtuvo “información privilegiada” para saber desde cuando su ahora exesposo “empezó a entablar diálogo y relación” con ella.
Para un acuerdo, según el fiscal, Petro tendría que reintegrar 1.053.911.056 pesos (unos 263.545 dólares) que no son producto de su labor como diputado y son un incremento patrimonial injustificado. En cuanto a Vásquez, el fiscal aseguró que “seguirá colaborando con la justicia y va a informar de otras irregularidades”, como de contratos ilícitos, otros bienes y dinero recibido ilegalmente y más irregularidades en la financiación de campañas políticas.