Con información de El Nuevo Herald
El Ayuntamiento de Miami enfrenta una creciente presión social tras la aprobación del acuerdo 287(g), que permite a la policía local realizar funciones de control migratorio bajo supervisión federal.
A pesar de que la comisión votó a favor de esta medida el verano pasado, la nueva alcaldesa, Eileen Higgins, ha señalado que la decisión de revertir esta colaboración recae exclusivamente en los comisionados.
Higgins aseguró que, aunque ella no tiene voto, firmaría con gusto cualquier legislación que derogue el pacto si la comisión toma la iniciativa.
A nivel político, el ambiente es tenso debido al temor de represalias por parte del gobierno estatal y federal. Algunos comisionados han expresado su indecisión citando el caso de Cayo Hueso, donde el fiscal general de Florida amenazó con destituir a funcionarios que intentaron anular acuerdos similares.
Por ahora, ningún miembro de la comisión ha solicitado formalmente una nueva votación, mientras el espectro de perder fondos millonarios sigue pesando sobre las decisiones locales.
La situación se complica con el cambio en la composición de la comisión y los recientes incidentes nacionales que han avivado la indignación pública. El comisionado Rolando Escalona, por ejemplo, manifestó su desacuerdo con la sección 287(g) tras conmoverse por la detención de un niño de cinco años, aunque insiste en que necesita más información sobre las consecuencias legales.
Mientras tanto, solo tres agentes de Miami han sido capacitados, marcando una diferencia mínima comparada con los cientos de oficiales del condado bajo mando de la sheriff Cordero-Stutz.