Con información de CNN.
Una magistrada federal ordenó la paralización provisional de la tasa anual de $100 dólares que el Gobierno de EE. UU. exige a los solicitantes de asilo, un requisito introducido en virtud de la controvertida legislación migratoria del presidente Trump.
La jueza Stephanie Gallagher, al emitir su fallo, argumentó que las directrices emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) fueron «arbitrarias y caprichosas», ya que presentaban inconsistencias respecto a cómo y cuándo los solicitantes debían efectuar el pago.
La falta de armonización entre las dependencias, que creó una «gran confusión», llegó a generar un «daño irreparable» y motivó la orden de expulsión de algunos peticionarios antes de que se estableciera un conducto formal para el abono del cargo. En respuesta a una demanda interpuesta por el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), la jueza decidió inhabilitar la aplicación de la tasa a nivel nacional hasta que las agencias implementen protocolos claros y consistentes.
La demanda de ASAP sostiene que la Administración estaba aplicando el nuevo arancel de manera retroactiva a personas que habían presentado sus casos antes de la entrada en vigor de la ley. La preocupación se acentúa dado que algunos solicitantes carecen de los recursos para hacer frente al pago.
El Departamento de Justicia reconoció las dificultades que los solicitantes han afrontado y la jueza Gallagher señaló que reconsiderará su medida una vez que las agencias publiquen «políticas uniformes» que notifiquen claramente a los solicitantes sobre los plazos, el mecanismo de pago y las consecuencias por no cumplir.