Con información del Diario las Américas

La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y la fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle, anunciaron la puesta en marcha de un riguroso plan de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, estableciendo el combate a la trata de personas como máxima prioridad.

Las autoridades informaron que desplegarán un robusto contingente policial y operativos encubiertos proactivos en las zonas turísticas y hoteleras. Las agencias federales del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conducirán investigaciones independientes durante los 38 días del certamen de fútbol.

La fiscal Fernández Rundle reveló que la fuerza de tarea conjunta ya ejecutó sus primeras intervenciones tácticas, logrando los primeros dos arrestos de traficantes sexuales y clientes en puntos estratégicos. Las mesas de monitoreo y tableros electrónicos se mantendrán activos en terminales clave como PortMiami, el Kaseya Center y el aeropuerto. Los organizadores recordaron las severas lecciones de la final de la Copa América de hace dos años, cuando avalanchas de aficionados sin boletos irrumpieron en los andenes, por lo que se utilizará tecnología avanzada de entrenamiento para el control de grandes multitudes.

El Hard Rock Stadium, recinto que la FIFA denominará oficialmente como Estadio de Miami durante la competencia, albergará un total de siete compromisos de primer orden, destacando los choques donde la selección de Uruguay medirá fuerzas contra Arabia Saudita el 15 de junio y ante Cabo Verde el 21 de junio.

El director de operaciones del Comité Anfitrión del Mundial, Raymond A. Martínez, envió un mensaje directo y disuasivo a las barras y fanáticos internacionales, advirtiendo de forma taxativa que aquellos ciudadanos que no posean entradas verificadas deben abstenerse de acudir a los perímetros del estadio.

Mientras la alcaldesa Daniella Levine Cava promueve el plan de transporte masivo gratuito de autobuses lanzadera, las fiscalías estatales adecuarán las pasarelas judiciales para procesar de forma exprés los delitos cibernéticos y fraudes comerciales.