Con información de Telemundo 51.
El proceso judicial contra dos exoficiales de la policía de Miami-Dade implicados en el trágico tiroteo del camión de UPS, ocurrido en la ciudad de Miramar en 2019, concluyó formalmente tras la decisión de la Fiscalía Estatal de Broward de retirar voluntariamente su apelación. Con esta resolución jurídica, la corte de apelaciones del cuarto distrito ratificó de forma definitiva la inmunidad otorgada en marzo a los exagentes Leslie Lee y Richard Santiesteban. Los expolicías enfrentaban cargos criminales de homicidio involuntario por la muerte del conductor secuestrado, Frank Ordóñez.
El cierre definitivo de la causa penal se fundamentó en la aplicación de la polémica ley de defensa propia del estado de Florida conocida como Stand Your Ground. Durante las audiencias de argumentación celebradas en el mes de febrero, las evidencias audiovisuales y los registros de las comunicaciones por radio confirmaron que los delincuentes que habían tomado el camión abrieron fuego primero contra las patrullas. Las detonaciones iniciales de los antisociales desataron un intenso fuego cruzado en plena hora pico de tráfico vehicular, forzando la respuesta de los oficiales.
El abogado defensor del exagente Lee, Paul Walsh, celebró públicamente el dictamen de la fiscalía y manifestó que su representado siente un profundo alivio tras seis años y medio de litigio judicial. Sin embargo, a pesar de la exoneración definitiva concedida a Lee y Santiesteban, la batalla legal en las cortes de Broward continúa activa para un tercer implicado. Los fiscales del estado confirmaron que mantienen plenamente vigente la apelación penal contra el exoficial Rodolfo Mirabal, acusado formalmente de realizar los disparos de la bala que segó la vida del transeúnte inocente Richard Cutshaw.
El violento desenlace de 2019, que cobró la vida de cuatro personas (incluyendo a los dos secuestradores, al chofer de la empresa de encomiendas y a un civil atrapado en su vehículo), marcó un hito sobre los protocolos de uso de la fuerza y persecución policial en áreas densamente pobladas. Las organizaciones civiles y los familiares de las víctimas inocentes lamentaron el cierre del proceso sin una condena penal para la comandancia, criticando el alcance de la ley de inmunidad. Las agencias policiales del sur de la Florida reestructuraron sus manuales tácticos tras el incidente para evitar balaceras masivas en vías públicas.