Con información del Diario las Américas.
Más de ocho décadas después de su histórica promulgación, la Constitución cubana de 1940 volvió al centro del debate político del exilio durante un foro académico celebrado en las instalaciones del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.
El encuentro reunió a destacados líderes comunitarios, intelectuales, empresarios de CAMACOL y representantes de organizaciones patrióticas con el propósito de analizar la Carta Magna como marco de referencia institucional ante un eventual cambio político en la isla. Los participantes coincidieron en ponderar el texto como la última ley fundamental legítima aprobada democráticamente antes de la instauración del sistema comunista.
El presidente de la institución cultural, el abogado constitucionalista Marcel Felipe, subrayó la inmensa importancia de acoger el foro en una sede dedicada a preservar la memoria histórica del exilio.
Entre las figuras más emblemáticas que intervinieron en los paneles destacó el escritor y exprisionero político Armando Valladares, exrepresentante de los Estados Unidos ante la ONU durante la administración de Ronald Reagan. Valladares defendió de forma categórica que la Constitución de 1940 conserva una plena legitimidad moral e histórica debido a que emanó de una Asamblea Constituyente soberana, consolidándose como una garantía jurídica absoluta para evitar el resurgimiento de nuevas dictaduras en la Cuba del futuro.
La mesa de debate técnico contó además con las ponencias de Luis González Vega, presidente de Municipios de Cuba en el Exilio; Iván Sánchez, líder de la Junta Patriótica; y Eduardo Zayas Bazán, titular de la Brigada de Asalto 2506. Los panelistas recordaron que el texto de 1940 fue considerado en su época como uno de los ordenamientos más avanzados de América Latina por la amplitud de sus garantías cívicas, derechos laborales y la rigurosa separación de los poderes públicos. No obstante, el analista político Lorenzo Palomares sugirió que su implementación requerirá un proceso de enmiendas y actualización legislativa por parte de un Congreso moderno para adecuarlo a las realidades contemporáneas.