Con información de EFE.
El nominado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, aseguró ante el Senado que bajo su gestión no se realizarán ingresos a viviendas o empleos sin una orden judicial previa.
Esta declaración busca marcar una distancia con las prácticas de los agentes migratorios, quienes, según memorandos internos del ICE, han ignorado este requisito legal desde el año pasado.
La postura de Mullin responde a una de las exigencias principales de los demócratas para destrabar el presupuesto del Departamento, el cual se mantiene bajo un cierre parcial desde el 14 de febrero. El nominado enfatizó que la privacidad de los hogares será respetada, salvo en casos excepcionales de persecución activa, intentando así generar el consenso político necesario para su confirmación y la reapertura de la agencia.
Durante la audiencia, el aspirante a secretario también mostró una disposición inusual al diálogo con las llamadas «ciudades santuario».
Mullin afirmó que buscará colaborar directamente con alguaciles y jefes de policía locales para entender sus desafíos específicos, diferenciándose de la retórica de confrontación total que han mantenido otros funcionarios de la administración actual.
Finalmente, Mullin aprovechó la comparecencia para retractarse de comentarios previos sobre Alex Pretti, el manifestante fallecido en Mineápolis a manos de agentes federales. Al reconocer que sus palabras fueron inapropiadas, el nominado intentó suavizar las tensiones generadas por las recientes redadas masivas, proponiendo un enfoque de vigilancia centrado exclusivamente en delincuentes peligrosos.

