Con información de El Nuevo Herald.
Un análisis periodístico reveló que la mayoría de los municipios del sur de Florida ha optado por no suscribir convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
A pesar de la presión estatal y las advertencias de la Fiscalía General, más de treinta ciudades decidieron no capacitar a sus policías bajo el programa federal.
Las localidades que rechazaron el acuerdo argumentan que la medida podría deteriorar la confianza ciudadana y desincentivar la denuncia de delitos locales.
Por el contrario, un reducido grupo de municipios y las oficinas carcelarias condales implementaron obligatoriamente los protocolos migratorios exigidos por ley.
La diversidad de posturas evidencia la complejidad legal y la tensión política existente en torno a las políticas de deportación masiva en la región.