Con información de DW.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador rechazaron categóricamente el plan de excarcelación condicional anunciado por el gobierno.
La medida gubernamental contempla la liberación de miles de detenidos clasificados como colaboradores casuales, exigiendo presuntas condiciones jurídicas previas.
Voceros sociales calificaron la estrategia de coercitiva, argumentando que vulnera la presunción de inocencia y presiona a los ciudadanos a aceptar culpas inexistentes.
Asimismo, exigieron al Estado salvadoreño garantías de indemnización y procesos transparentes que reconozcan formalmente la inocencia de los afectados injustamente.
Aunque la política antipandillas mantiene respaldo popular por la seguridad, el debate sobre los abusos carcelarios y los derechos civiles sigue latente.