Con información de EFE.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves la nueva Ley Orgánica de Minas, diseñada para abrir el sector a capitales privados y extranjeros.
La normativa, aprobada por unanimidad en el Parlamento, deroga la legislación vigente desde 1999 y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin). Esta nueva entidad se encargará de coordinar y supervisar todo el ciclo de producción y comercialización para garantizar un desempeño eficiente de las inversiones.
Durante el acto de firma, Rodríguez agradeció públicamente al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la «buena disposición» para establecer una cooperación bilateral basada en la realidad actual del país.
El impulso de esta ley se aceleró tras la visita a Caracas del secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien confirmó el interés de empresas norteamericanas en operar en los yacimientos de oro venezolanos para fortalecer el suministro regional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya ha emitido licencias específicas que autorizan a empresas estadounidenses a participar en actividades relacionadas con el sector aurífero bajo el nuevo marco legal. La ley de 131 artículos ofrece garantías jurídicas a los inversores, buscando potenciar un sector que, según cifras oficiales, creció un 10.9% el año pasado.
El gobierno interino busca utilizar esta apertura minera como un pilar para la diversificación de ingresos fuera de la industria petrolera tradicional.
Esta legislación representa un giro significativo en la política económica del país, alejándose de los decretos centralistas de la era de Hugo Chávez. Con el respaldo de Washington, el ejecutivo venezolano espera que la Sunamin elimine las trabas burocráticas y combata la minería ilegal, integrando la actividad a los mercados financieros formales.
La meta es posicionar a Venezuela como un socio minero confiable para Occidente, aprovechando la coyuntura de recomposición diplomática tras la caída del gobierno anterior.