Con información de El Nuevo Herald.
El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia revocar una sentencia que declaró ilegal el fin del TPS para los venezolanos. La medida legal de la Casa Blanca busca dar luz verde a la suspensión definitiva de este beneficio migratorio de amparo humanitario, el cual permite a cerca de 600,000 ciudadanos sudamericanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los abogados del Departamento de Justicia demandaron al máximo tribunal ordenar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco reconsiderar su postura. El litigio federal escaló luego de que los magistrados de apelación dictaminaran que la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus competencias al intentar rescindir el programa de protección que el gobierno demócrata previo otorgó a la diáspora.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una designación federal que permite a los migrantes de naciones afectadas por guerras o catástrofes naturales permanecer de forma regular en el país. No obstante, el alto tribunal estadounidense ya había permitido anteriormente que la decisión gubernamental de cancelar la protección para los venezolanos entrara en vigor de forma provisional mientras se examinan detalladamente los recursos de la demanda civil.
La batalla jurídica en los tribunales fue interpuesta originalmente por varios migrantes afectados y la Alianza Nacional del TPS. La resolución definitiva del caso representa uno de los asuntos políticamente más sensibles que enfrenta la comunidad hispana, ya que el destino migratorio de los 600,000 beneficiarios venezolanos se encuentra ahora bajo la decisión de la mayoría conservadora de la Corte Suprema.