Con información de EFE/El Nacional
Los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela reabrieron la discusión en el Congreso de Estados Unidos sobre la necesidad de renovar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos. Diversas organizaciones de derechos humanos presionan a la Casa Blanca para evitar deportaciones masivas hacia un país en estado de emergencia.
Durante una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la congresista demócrata Debbie Wasserman afirmó que devolver personas a una nación destruida por sismos es una falta de empatía humanitaria. Criticó que la administración centre sus análisis en los ingresos petroleros sin evaluar las precarias condiciones reales en el terreno.
En el debate, representantes de la ONG WOLA denunciaron que 146 venezolanos fueron deportados en un vuelo federal el mismo día de los terremotos. Alertaron sobre el riesgo que corrieron estos ciudadanos al arribar a un aeropuerto seriamente afectado por los movimientos telúricos y bajo custodia militar local.
Pese a los reclamos parlamentarios, voceros cercanos al gobierno estadounidense sostienen que Venezuela ha retornado a la normalidad institucional y económica, por lo que el beneficio migratorio extraordinario resulta contrario al interés nacional. El Departamento de Seguridad Nacional evaluará si mantiene la medida de protección.