Con información del Diario las Américas.
Miami-Dade y Broward, dos condados vibrantes y cosmopolitas del sur de Florida, han sido testigos de un incremento alarmante en casos de violencia doméstica durante el último año, a la par que se intensifica la polémica por el porte de armas.
Activistas y miembros de organizaciones de apoyo a víctimas de violencia doméstica estiman urgente la necesidad de reformas legales que contemplen no solo la protección a quienes sufren agresiones en el hogar, sino también la revisión de las leyes que facilitan el acceso a pistolas y rifles, elemento que puede potenciar la letalidad de los conflictos familiares.
El reciente caso en Sunrise, ciudad de Broward, al norte de Miami. Fue detenido Jorge Omar Torres, de 29 años, por supuestamente asesinar a su madre mientras se encontraba bajo los efectos de drogas alucinógenas.
Un video de vigilancia captó a Torres, desnudo y visiblemente desorientado, saltando vallas y deambulando por el vecindario instantes después del fatal incidente en Waterside Village Condos.
La policía, alertada por llamadas al 911, encontró el cuerpo de la víctima dentro del apartamento, junto con una pistola en el patio trasero. Este caso, particularmente perturbador por la combinación de drogas y violencia doméstica, plantea interrogantes sobre la salud mental y el acceso a sustancias ilícitas en la comunidad.
Ante estos episodios recurrentes, las autoridades del sur de Florida aseguran que han intensificado sus esfuerzos para combatir la violencia familiar.
En este sentido, la implementación de la Ley Gabby Petito, inspirada en el trágico caso de la joven asesinada por su pareja en 2021, introdujo evaluaciones de letalidad obligatorias para los agentes que responden a llamadas por violencia doméstica, junto con capacitación especializada.
Además, se han emitido las denominadas ‘Hope cards’, tarjetas portátiles con detalles de las órdenes de restricción, diseñadas para facilitar la verificación policial en ese tipo de circunstancias.
Asimismo, el Domestic Violence Oversight Board de Miami-Dade amplió sus servicios bilingües, incluyendo una línea de crisis operativa 24/7 (305-285-5900) y asesores legales que acompañan a las víctimas desde la denuncia hasta los tribunales.