La situación legal del expresidente Jair Bolsonaro se ha agravado drásticamente. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes el inicio del cumplimiento de una condena de 27 años de cárcel, tras declarar firme la sentencia por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro, quien ya se encontraba bajo prisión preventiva en la sede de la Policía Federal desde el sábado pasado —luego de intentar manipular su tobillera electrónica—, deberá purgar su pena en dichas dependencias.
La defensa del líder ultraderechista agotó los plazos para presentar nuevas apelaciones, lo que llevó a la Primera Sala de la Corte a cerrar el proceso penal.
Mientras tanto, el entorno político y familiar de Bolsonaro ha activado una estrategia de emergencia: solicitar al Congreso la aprobación de una ley de amnistía. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, confirmó que han pedido a los presidentes de ambas cámaras legislativas que sometan a votación el proyecto para liberar a los condenados por los actos golpistas.
Paralelamente, la familia ha expresado preocupación por la salud del exmandatario, citando problemas intestinales crónicos y una reciente crisis de hipo que podría derivar en complicaciones pulmonares graves. «Es una persecución política y está sufriendo torturas por las privaciones en su detención», denunció su otro hijo, el concejal Carlos Bolsonaro.