Con información de EFE.
El gobierno de Nicolás Maduro utilizó su intervención ante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) este martes para advertir a la comunidad internacional que la estabilidad regional del Caribe está siendo gravemente «amenazada» por una movilización militar estadounidense «sin precedentes» en aguas cercanas a su territorio.
El embajador Héctor Constant Rosales, en su discurso, declaró en nombre del Gobierno de Nicolás Maduro que el despliegue de EE. UU. busca «desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país,» poniendo en riesgo a una región que se considera «amante de la paz.»
El diplomático condenó estas «acciones hegemónicas» y las comparó con las sanciones que Washington ha impuesto a funcionarios de la propia CPI.
Constant dedicó parte de su alocución a criticar lo que describió como un «clima de intimidación sin precedentes» bajo el cual opera la CPI. Atribuyó esta situación a las «sanciones, amenazas y presiones políticas» dirigidas contra la Fiscalía y los jueces para frenar investigaciones sensibles, citando como ejemplo las sanciones de EE. UU. a nueve funcionarios del tribunal por órdenes de arresto relacionadas con la situación en Palestina.
El representante venezolano exigió que la Corte aborde la «dimensión del horror, la impunidad y la complicidad» acumulada hacia el pueblo palestino y pidió a los miembros que no permitan que sus decisiones se vean «condicionadas por represalias externas.»
El embajador lamentó la decisión reciente de cerrar la oficina de la Fiscalía en Caracas, aunque aseguró que esto no mermará el «espíritu de cooperación» del Gobierno. Concluyó con una fuerte crítica al sistema de justicia internacional, pidiendo a la Corte que «deje de permitir que la justicia se convierta en un arma de dominación selectiva, manteniendo un doble rasero que es intolerable, sirve a los poderosos y castiga a los que luchan por su soberanía.»