Con información de EFE.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI).
La acción legislativa se produce días después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas, citando una «falta de progreso real» por parte de Venezuela en investigar seriamente los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Acusaciones de «Vasallaje»:
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, defendió la ley argumentando que la CPI ha demostrado ser «inútil» y un instrumento del «imperialismo norteamericano» en lugar de un protector de los pueblos.
Afirmó que la institución debería ser denunciada por su supuesto «vasallaje» y no actuar contra el «genocidio» en Israel. No obstante, la corte internacional ha dictado previamente órdenes de detención contra líderes israelíes.
La derogación pasará ahora a manos del presidente Nicolás Maduro para su promulgación. A pesar del cierre de la oficina local, la Fiscalía de la CPI ha dejado claro que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta desde 2018, «permanece activa» y continuará desde La Haya.