Con información de EFE.
En una respuesta directa a las recientes incautaciones de buques petroleros en el Caribe, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad la «Ley de protección de las libertades de navegación y comercio».
Esta normativa, que marca el hito número 100 del actual período legislativo, busca blindar las operaciones comerciales del Estado frente a lo que consideran actos de «piratería» por parte de Washington.
El artículo 13 de la norma es contundente: cualquier individuo o entidad que favorezca, respalde o financie el bloqueo de buques que comercien con la República será sancionado con penas de 15 a 20 años de prisión.
Además, la ley no se limita a la privación de libertad; también impone multas drásticas y la posibilidad de incautación de bienes bajo la Ley de Extinción de Dominio.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, enfatizó que la ley es una herramienta de defensa ante los ataques a la economía nacional.
La legislación se sustenta, según sus defensores, en principios internacionales como la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, con el fin de proteger no solo al Estado sino a cualquier socio comercial extranjero que decida mantener negocios con Caracas pese a las sanciones estadounidenses.