Con información de EFE.
Diversos gobiernos locales y organizaciones civiles han manifestado su firme rechazo a la iniciativa de la administración Trump de adquirir depósitos industriales para convertirlos en centros de detención migratoria.
Bajo el nombre de «Iniciativa de Reingeniería de la Detención» (DRI), el Departamento de Seguridad Nacional planea habilitar infraestructuras no tradicionales en más de veinte ciudades.
Con un presupuesto multimillonario, el gobierno busca agilizar los procesos de deportación mediante la creación de centros de procesamiento masivo en instalaciones «llave en mano».
En ciudades como Surprise, Arizona, y Orlando, Florida, los residentes y autoridades locales han denunciado la falta de transparencia en la compra de estas propiedades. El alcalde de Surprise, Kevin Sartor, expresó su preocupación por la cercanía de estos almacenes a escuelas y el posible impacto negativo en el valor de las viviendas. Grupos comunitarios critican que estas instalaciones, que podrían albergar a miles de personas, no cumplen con los estándares necesarios para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes detenidos.
El rechazo ha escalado a nivel estatal, con fiscales y congresistas enviando misivas a ICE para exigir explicaciones sobre el historial de muertes y abusos documentados en centros existentes.
En Florida, los representantes federales se oponen al uso de almacenes industriales cerca del aeropuerto de Orlando, recordando casos de maltrato en sitios similares abiertos recientemente. Por otro lado, en Texas, la presión social logró que una inmobiliaria en Dallas desistiera de vender un almacén al gobierno, evitando la creación del que habría sido el centro más grande del país.
A pesar de la resistencia, el gobierno federal ha logrado concretar la compra de otras propiedades, como un almacén en El Paso con capacidad para 8,500 personas. El cronograma del DHS apunta a que este nuevo modelo de detención esté plenamente operativo para septiembre de este año. Mientras los activistas denuncian «secuestros» institucionales y falta de acceso legal para los detenidos, la administración defiende el plan como una medida necesaria para responder a la creciente demanda de espacio en el sistema de deportación.