Con información de El Nuevo Herald.
Documentos judiciales recientemente detallados exponen graves denuncias de abuso físico y violaciones constitucionales en el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.
El caso de Raiko López Morffi, un ciudadano cubano bajo custodia, ha cobrado relevancia tras la difusión de una llamada grabada donde describe haber sido víctima de una «brutal golpiza» por parte de ocho guardias.
La agresión habría ocurrido el pasado 2 de abril durante una protesta interna motivada por la falta de acceso telefónico.
La abogada Katherine Blankenship documentó el estado físico de López Morffi mediante videollamada, señalando lesiones visibles en el ojo, el pecho y las costillas semanas después del incidente.
Según la defensa, el detenido permanece actualmente en aislamiento en una celda de dimensiones mínimas, conocida popularmente como “la caja”.
Estas revelaciones forman parte de una demanda más amplia que alega el acceso limitado a representación legal y el incumplimiento de órdenes judiciales previas por parte de los agentes estatales.
Ante la gravedad de las alegaciones, una jueza federal ya había ordenado ampliar las vías de comunicación y permitir visitas de abogados sin cita previa. Sin embargo, los demandantes aseguran que estas disposiciones han sido ignoradas sistemáticamente.
En una audiencia reciente, el estado de Florida anunció la compra de hasta 100 teléfonos celulares para los detenidos en un intento por cumplir con la medida cautelar que exige al menos un aparato por cada 25 reclusos en la instalación de los Everglades.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se abstiene de comentar por el litigio en curso, la familia de López Morffi ha interpuesto un recurso de habeas corpus buscando su liberación. Alegan que, independientemente de su situación migratoria o antecedentes, el maltrato físico es inaceptable.
El caso ha puesto bajo la lupa a la División de Gestión de Emergencias de Florida, encargada de administrar la instalación, en medio de crecientes críticas de organizaciones de derechos civiles.