Con información de CNN.
El gobierno de Estados Unidos puso fin a un reciente enfrentamiento legal al aceptar que el Gobierno de Venezuela financie la defensa del derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa.
A través de una carta oficial, los fiscales federales informaron al juez del caso que el Departamento del Tesoro accedió a modificar una licencia especial para permitir los pagos a los abogados defensores sin violar las estrictas leyes de sanciones estadounidenses.
La nueva medida establece condiciones específicas para estas transacciones, estipulando que los honorarios legales podrán ser cubiertos utilizando fondos de los que disponga el Gobierno venezolano a partir del 5 de marzo de 2026.
Dado que tanto los Maduro como las instituciones estatales venezolanas están sujetos a fuertes sanciones, era un requisito obligatorio contar con la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que los abogados pudieran recibir el dinero de manera legal.
Esta resolución se produce después de una tensa audiencia en la que los abogados de Maduro habían solicitado desestimar la acusación, argumentando que la revocación previa de esta licencia violaba el derecho constitucional del exmandatario a defenderse. Mientras la fiscalía justificaba el bloqueo de fondos argumentando que las sanciones son una herramienta legítima de política exterior, el juez Alvin Hellerstein se había mostrado escéptico ante la postura del Gobierno de EE.UU.
Tras lograr este acuerdo económico, los abogados defensores retiraron su recurso judicial, aunque confirmaron que impugnarán la legalidad de la detención de Maduro alegando que goza de inmunidad presidencial.
Actualmente, Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos penales por una supuesta trama de narcoterrorismo y se han declarado inocentes, permanecen bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.