Con información delEl Nuevo Herald.
El Legislativo de Florida, de amplia mayoría conservadora, aprobó un nuevo mapa electoral propuesto por el gobernador Ron DeSantis que otorgaría una ventaja de cuatro escaños al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
La medida fue avalada por ambas cámaras pocos minutos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitiera un fallo que reduce ciertas protecciones históricas para minorías establecidas en la Ley de Derecho al Voto, una decisión judicial que DeSantis utilizó para argumentar la validez constitucional de su rediseño.
Organizaciones de derechos civiles como Voto Latino han encendido las alarmas ante lo que consideran una severa desproporción representativa. La agrupación señala que, aunque el 43 % del electorado apoyó a los demócratas en 2024, el nuevo trazado limitaría su representación congresional a un escaso 14,3 %.
Esta reestructuración es considerada una pieza clave a nivel nacional, ya que la ganancia de estos cuatro escaños podría ser determinante para el control definitivo de la Cámara de Representantes en Washington, donde el balance de poder se mantiene sumamente ajustado.
Con esta promulgación inminente, Florida se convierte en el octavo estado del país en modificar sus fronteras electorales antes de los próximos comicios legislativos, sumándose a una intensa batalla partidista que ya abarca a territorios como Texas, California y Ohio. El proceso local había sufrido un notable retraso desde el pasado mes de diciembre, debido a que el propio gobernador pausó la redistribución a la espera de que el fallo del Supremo confirmara si los mapas republicanos cumplían con la normativa federal.
El panorama político y legal a nivel nacional se mantiene sumamente tenso, especialmente tras otras decisiones recientes de los tribunales, como la anulación del mapa de Luisiana por supuesto uso excesivo de criterios raciales. Ante esta ola de reformas, la presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar, denunció categóricamente que estas resoluciones judiciales dificultan la protección de los votantes frente a la discriminación y otorgan, en sus palabras, «luz verde a los políticos para manipular los mapas electorales y silenciar nuestras voces».