Con información de Infobae.
Un agresivo incendio forestal denominado «Sandy», desatado la mañana del lunes 18 de mayo, ha calcinado más de 1.300 hectáreas y ha obligado la evacuación de más de 28.600 personas en Simi Valley, California. Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el fuego pudo originarse de forma accidental tras la chispa de un tractor que realizaba labores de limpieza, aunque la causa oficial sigue bajo investigación. Las llamas se propagaron con extrema rapidez debido a la severa sequedad del terreno y a fuertes rachas de viento que alcanzaron los 64 km/h, amenazando de forma inminente a cientos de viviendas en el condado de Ventura.
El avance del siniestro hacia zonas residenciales motivó órdenes de evacuación masivas al sur de la ciudad, extendiendo las alertas a localidades vecinas del condado de Los Ángeles como Agoura Hills y Calabasas. Ante el peligro, las autoridades determinaron el cierre indefinido de siete escuelas de Simi Valley y la clausura preventiva de la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan. Para mitigar la emergencia, se han habilitado refugios temporales en parques comunitarios y centros escolares, así como albergues específicos para resguardar a los animales domésticos y de gran tamaño.
Actualmente, un contingente de más de 500 bomberos combate el fuego en tierra, con el apoyo de helicópteros y aeronaves encargadas de descargar agua y retardante químico sobre los focos activos. A pesar de los esfuerzos, el incendio no presenta un control efectivo y las agencias de salud ya han alertado a la población vulnerable para que evite la exposición al aire libre debido a la grave degradación de la calidad del aire provocada por las densas columnas de humo.
La incertidumbre sobre la contención del fuego persiste debido a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la posible llegada de nuevos vientos de Santa Ana. Para hacer frente a los elevados costes económicos del operativo, el gobernador de California, Gavin Newsom, gestionó la obtención de fondos federales de asistencia para emergencias, los cuales cubrirán hasta el 75% de los gastos de las agencias locales y estatales involucradas en la protección de vidas y propiedades.