Con información del Diario las Américas.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó oficialmente en Miami la ley HB 757, una nueva legislación estatal diseñada para ampliar el sistema de seguridad escolar a los colegios y universidades públicas. La firma de la norma se llevó a cabo durante la quinta edición del Commissioner’s Summit sobre seguridad escolar, un evento donde las autoridades estatales ratificaron el modelo de Florida como uno de los más estrictos del país, implementado originalmente tras la trágica masacre de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en el año 2018.
La principal reforma de la ley HB 757 radica en la expansión del programa de guardianes a las instituciones de educación superior, permitiendo que personal debidamente entrenado actúe como guardianes armados en los campus para neutralizar posibles atacantes activos. Adicionalmente, la norma impone la obligatoriedad de diseñar planes de respuesta ante emergencias, estructurar equipos especializados para la detección de amenazas potenciales y fijar protocolos de reunificación familiar. En el ámbito penal, la ley endurece significativamente las sanciones al tipificar como delito grave de segundo grado el disparar armas a menos de 1.000 pies de una escuela.
Un pilar fundamental de esta estrategia legislativa establece que el entrenamiento táctico y la supervisión de los guardianes recaerán sobre las oficinas del sheriff locales. Para recibir la autorización de portar armas en los recintos educativos, los aspirantes deberán superar estrictas evaluaciones psicológicas, exámenes antidrogas y completar más de 144 horas de entrenamiento intensivo. El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, y Ryan Petty, miembro de la Junta Estatal de Educación, defendieron la medida como una herramienta de protección necesaria para garantizar ambientes de aprendizaje seguros.
Para sustentar estas reformas estructurales, la administración de DeSantis ha destinado miles de millones de dólares en inversiones físicas y sociales. Entre los fondos asignados destacan 1.600 millones de dólares para oficiales y seguridad en campus, 955 millones para servicios de salud mental estudiantil y 258 millones para el reforzamiento físico de las infraestructuras. Tras la firma del gobernador, la nueva ley entró en vigor de manera inmediata en todo el territorio estatal, intensificando el debate nacional sobre los protocolos eficaces de respuesta armada.