Con información de Telemundo 51.
El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, junto al fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, confirmaron en una rueda de prensa en Miami la emisión de una orden de arresto internacional contra Raúl Castro. La acusación formal, validada por un gran jurado federal, imputa al exdictador de 94 años por un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos por destrucción de aeronaves. Blanche enfatizó de manera tajante que el Departamento de Justicia presenta cargos contra personas fuera de sus fronteras continuamente y espera que Castro comparezca ante un tribunal de pares en Miami.
El proceso penal se fundamenta en que el régimen de La Habana se infiltró de manera premeditada en la organización civil Hermanos al Rescate para informar detalladamente sobre sus operaciones operativas antes de ejecutar el ataque. La fiscalía norteamericana subrayó que, al momento del impacto de los misiles, las dos avionetas desarmadas volaban sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida y se alejaban de la isla tras cumplir labores humanitarias. El anuncio judicial, realizado en la Torre de la Libertad, contó con una fuerte ovación del exilio cubano tras declararse que el paso del tiempo no borra el asesinato de civiles desarmados.
Las reacciones políticas de las autoridades locales del sur de la Florida no se hicieron esperar, siendo encabezadas por el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, quien catalogó el dictamen como el reconocimiento institucional a una herida colectiva profunda en la comunidad del exilio. Calvo aseveró que las familias de las víctimas (Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales) merecen ver que el mundo no ha pasado página, por lo cual esta medida debe ser entendida como un punto de partida legal indispensable hacia la transición democrática y no como un cierre definitivo de la causa cubana.
Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó airadamente a través de un comunicado oficial, calificando las acciones de la fiscalía estadounidense como una maniobra política carente de fundamento legal. La Habana sostiene históricamente que las avionetas civiles fueron derribadas por violar de forma sistemática el espacio aéreo soberano de la isla. La imputación del gran jurado se destapa en un momento de asfixia económica extrema en Cuba, acentuada por un estricto embargo petrolero implementado por el gobierno de Donald Trump para presionar reformas de mercado en la isla.