Con información del Diario las Américas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ejecutó una medida de gran impacto institucional al incorporar a 77 nuevos jueces de inmigración permanentes y cinco temporales, elevando el cuerpo de magistrados a un total de 700 a nivel nacional. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) destacó que este nombramiento representa la promoción más grande de magistrados en la historia del país, alcanzando un récord neto de 153 jueces contratados durante el presente año fiscal. El objetivo central de la Casa Blanca es acelerar la resolución de expedientes y descongestionar los colapsados tribunales de asilo.
De acuerdo con las estadísticas oficiales provistas por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el colapso del sistema alcanza una cifra sin precedentes de 3.288,186 casos pendientes, de los cuales más de 2,3 millones son solicitudes que aún no han sido revisadas. Las auditorías técnicas revelan que, bajo el esquema operativo anterior, los solicitantes de asilo humanitario enfrentaban tiempos de espera de hasta 10 años en el limbo jurídico antes de obtener una audiencia de comparecencia o una sentencia definitiva sobre sus estatus de permanencia.
En la distribución geográfica de este rezago judicial, el estado de Florida lidera el indicador nacional de retrasos con un total de 518.639 casos sin resolver, superando a Texas, California y Nueva York. Las bases de datos de la Corte de Inmigración de Miami confirman que el pico más alto de expedientes acumulados se concentra en cinco comunidades hispanas específicas: los ciudadanos cubanos encabezan la lista con 90.274 peticiones, seguidos por 53.907 haitianos, 36.359 venezolanos, 27.693 nicaragüenses y 20.105 solicitantes originarios de Guatemala, sumando incluso a un grupo menor de solicitantes rusos.
El agresivo plan de nombramientos ha encendido un intenso debate político entre los profesionales del derecho y las organizaciones civiles del sur de la Florida. Mientras defensores de la administración del presidente Donald Trump afirman que la medida restaura el Estado de Derecho y que ha permitido reducir la carga nacional en más de 447.000 casos pendientes, abogadas especialistas como María Herrera Mellado y Isidora Velásquez alertaron sobre un posible impacto negativo en el debido proceso. Las expertas advirtieron que la prisa por acelerar las deportaciones expeditas está derivando en un incremento de denegaciones de asilo por parte de jueces con poca experiencia.