Con información del Diario las Américas.

Las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos registran un alarmante incremento en la emisión de órdenes de deportación en ausencia contra solicitantes de asilo que faltaron a sus citaciones judiciales, sumando 48.000 casos en los primeros meses de 2026.

Los balances estadísticos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) confirmaron que la cifra acumulada en este corto ciclo ya se aproxima a la totalidad de las 50.191 penalizaciones migratorias documentadas durante todo el año 2025. Los activistas humanitarios denunciaron que el incremento responde a la implementación de un agresivo sistema de audiencias masivas.

Bajo la nueva estrategia procesal instruida por la administración de Donald Trump para acelerar las expulsiones de indocumentados, los tribunales federales proceden a convocar a cerca de 100 personas de forma simultánea en una sola jornada máster de organización de casos, rompiendo con los promedios históricos de 20 citados por sesión. La estampa de salas completamente vacías se constató en los tribunales de San Antonio, Texas, donde de una hoja de control con 96 familias citadas por los secretarios, apenas diez ciudadanos se arriesgaron a ingresar al edificio público por temor a ser capturados por las patrullas de ICE.

Las abogadas especializadas del Immigrant Legal Resource Center alertaron que la inmensa mayoría de los ausentes carece de asesoría legal formal, registrándose que el 80% de los migrantes hispanos en Texas enfrenta sus litigios sin representación de un bufete.

Los secretarios de las cortes procedieron a adelantar de forma abrupta las fechas de las comparecencias iniciales de miles de familias, resultando imposible que los extranjeros de a pie se enteren de las modificaciones de los cronogramas electrónicos sin un abogado. Entre los pocos que decidieron comparecer figuró la venezolana Morelis Hernández junto a su hija de diez años.

Las bitácoras de la organización especializada TRAC de la Universidad de Syracuse revelaron que las Cortes de Inmigración arrastran un colapso histórico con 3.267.302 casos pendientes, de los cuales 2,3 millones constituyen solicitudes de asilo sin revisar, lo que genera esperas de hasta diez años. Para intentar descongestionar los tribunales de control, el Departamento de Justicia concretó la promoción más grande de su historia al incorporar 77 nuevos jueces de inmigración permanentes. No obstante, los defensores de los derechos civiles advierten que el sistema exprés conculca las garantías cívicas básicas de los refugiados.