Con información del Diario las Américas.
Los jefes de las principales instituciones del Estado de Colombia afirmaron que existen plenas garantías de seguridad para el decisivo balotaje presidencial de este domingo.
En la contienda electoral se medirán en segunda vuelta el candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella y elizquierdista Iván Cepeda. Las autoridades de las fuerzas públicas desplegaron un megaoperativo de resguardo civil en las calzadas urbanas para evitar escenarios de violencia política ante la marcada polarización de las familias.
Las comisiones de la Registraduría Nacional confirmaron que un padrón de 41,4 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las mesas de sufragio. El proceso contará con la fiscalización estricta de más de 1.400 observadores internacionales y la vigilancia satelital de los camiones que transportan las papeletas.
Asimismo, los consulados del extranjero ya iniciaron la recepción de los votos de los migrantes, reportándose una masiva afluencia en las taquillas electorales trasladadas al centro de Miami.
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, alertó ante los corresponsales del noticiero que los sondeos prevén un resultado sumamente estrecho en las urnas que podría desencadenar tensiones políticas. Eljach advirtió que, ante un margen de diferencia milimétrico, cada bando intentará reclamar el triunfo para sí y acusar al contrincante de cometer fraude. El funcionario instó a los líderes civiles a actuar como extintores para apagar los focos de disturbios y preservar la paz social en los distritos.
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la solidez del sistema manual colombiano y recordó que la primera vuelta del 31 de mayo concluyó con un balance impecable y libre de impugnaciones.
Aquella jornada electoral marchó liderada por el abogado De la Espriella con 10,3 millones de votos, seguido de cerca por el senador Cepeda con 9,7 millones. Penagos fue tajante al sentenciar que las dudas electorales deben resolverse ante los tribunales democráticos y nunca en desórdenes en las calles o redes sociales.