Con información de EFE.
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a tres altos funcionarios y nueve empresas estatales cubanas vinculadas a los sectores de minería, metalurgia y construcción.
La medida busca incrementar la presión económica y política sobre el gobierno de La Habana, según confirmaron fuentes oficiales de la administración estadounidense en el marco de su política exterior para el hemisferio.
Entre los sancionados destacan altos directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), incluyendo a su director Fernando González Llort. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las instituciones señaladas sostienen el aparato operativo del régimen, acusando al ICAP de actuar como una plataforma destinada a influir en sectores de la sociedad estadounidense.
La lista de entidades afectadas incluye directamente al Ministerio de la Construcción de Cuba, así como a destacadas empresas dedicadas a la exportación de níquel, la importación de productos metalúrgicos y el comercio internacional. Washington advirtió a instituciones financieras internacionales y corporaciones extranjeras sobre los riesgos de prestar servicios o custodiar fondos pertenecientes a cualquiera de las organizaciones ingresadas en la lista de sanciones.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó de manera inmediata las acciones impuestas desde Washington, calificándolas de una estrategia orientada a asfixiar la economía del país. Según el diplomático caribeño, las restricciones obstaculizan la importación de insumos básicos, afectando directamente el transporte de mercancías como alimentos y medicinas adquiridos por el sector privado y agravando la coyuntura socioeconómica que atraviesa la isla.