Con información de EFE.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un histórico fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente Donald Trump que fueron investigados o procesados durante el gobierno de Joe Biden. La millonaria cifra hace una alusión directa al año de la independencia del país y busca reparar lo que la actual administración califica como una «instrumentalización de la justicia» o lawfare. Este fondo se concretó tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) debido a la filtración de sus declaraciones tributarias.
Como parte del convenio judicial, el mandatario, sus hijos Donald Jr. y Eric, y la Organización Trump recibirán una disculpa formal del Estado, pero ninguna compensación económica ni indemnización particular de ningún tipo. A cambio, la familia presidencial aceptó desistir tanto de la demanda contra el IRS como de dos reclamaciones administrativas por daños y perjuicios. Estas últimas estaban directamente vinculadas al registro del FBI en la residencia de Mar-a-Lago en 2022 y a las investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en los comicios electorales de 2016.
Aunque los documentos oficiales no individualizan a los beneficiarios, analistas y medios de prensa especulan que el dinero podría amparar a los procesados por el asalto al Capitolio en 2021 o a los implicados en las causas de reversión electoral de 2020. El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la iniciativa señalando que el aparato gubernamental jamás debe ser usado como arma contra los ciudadanos. Para garantizar la transparencia, el fondo estará administrado por una comisión de cinco miembros designados por la propia Fiscalía.
Este programa de reparación institucional tiene como precedente un fondo de 760 millones de dólares establecido en la presidencia de Barack Obama para resarcir a agricultores nativos discriminados. La ventanilla para recibir solicitudes de compensación estará abierta hasta el 15 de diciembre de 2028, concluyendo apenas unas semanas antes de que finalice el segundo mandato presidencial de Trump. Con esto, el gobierno republicano busca cerrar formalmente los litigios pendientes derivados de los conflictos judiciales del periodo anterior.