Con información de EFE.
El gobierno de los Estados Unidos incrementó de manera notable la presión diplomática y económica sobre Cuba mediante la aplicación de una nueva batería de sanciones financieras contra altos funcionarios de la isla. Entre las figuras gubernamentales afectadas por la medida destacan la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Esta ronda de restricciones comerciales fue dada a conocer por el Departamento del Tesoro en un momento de crecientes tensiones políticas bilaterales entre Washington y La Habana.
La lista oficial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó también al presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández, al director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas, y a Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista. Las penalizaciones estadounidenses implican el bloqueo absoluto de todos los activos, bienes y cuentas bancarias que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados Unidos, prohibiendo de forma estricta cualquier transacción comercial o financiera con los designados.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desdeñó públicamente la efectividad de las medidas a través de sus canales oficiales, asegurando que ninguno de los dirigentes sancionados posee activos o propiedades bajo jurisdicción norteamericana. Díaz-Canel enmarcó la estrategia de Washington dentro de una campaña histórica de hostigamiento económico que incluye el bloqueo petrolero vigente. El mandatario calificó la medida como un acto de castigo colectivo ilegal y criminal, instando a la denuncia internacional del cerco financiero.
Esta escalada de sanciones ocurre paralelamente a los reportes de prensa que señalan que el Departamento de Justicia de EE. UU. tiene previsto presentar una acusación formal en Florida contra el líder histórico Raúl Castro, vinculada al derribo de avionetas de organizaciones del exilio en el año 1996. El clima de confrontación se agudizó tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre tomar el control de la isla y las denuncias de que La Habana adquirió recientemente 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán.