Con información de DW.
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones económicas dirigidas contra el conglomerado militar cubano Gaesa. La medida, firmada por la administración de Donald Trump, busca privar al régimen de activos ilícitos y limitar su acceso a servicios financieros. Las sanciones también alcanzan a la directora de la entidad, Ania Lastres Morera, y a la minera Moa Nickel, vinculada a capital canadiense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que estas acciones son fundamentales para proteger la seguridad nacional estadounidense y exigir rendición de cuentas. Rubio denunció que Gaesa controla aproximadamente el 40% de la economía de la isla en beneficio de una élite política corrupta. Según el Departamento de Estado, esta empresa constituye el corazón del sistema económico cleptocrático que mantiene el control en Cuba.
Como repercusión inmediata, la empresa canadiense Sherritt International anunció la suspensión de sus operaciones conjuntas en la nación caribeña. Esta decisión marca un hito en la inversión extranjera, ya que Sherritt es una de las corporaciones con mayor presencia en el sector minero cubano. Las sanciones de Washington buscan asfixiar financieramente a quienes brinden apoyo directo o indirecto al gobierno comunista.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca amplía el bloqueo para abarcar casi cualquier relación comercial externa con sectores estratégicos de la isla. El gobierno de EE. UU. sostiene que Gaesa maneja activos ilícitos por un valor cercano a los 20,000 millones de dólares, cifra que triplica el presupuesto estatal cubano. Estas medidas forman parte de una estrategia de «presión máxima» para forzar cambios políticos en la región.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó las acciones como una agresión militar y económica sin precedentes. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses advirtieron que se esperan designaciones adicionales de sanciones en las próximas semanas. La situación ha elevado la tensión diplomática a niveles críticos, mientras la comunidad internacional observa el impacto en la ya deteriorada economía cubana.