El gobierno de Biden está aumentando la presión sobre el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibir a los estadounidenses hacer negocios en la industria aurífera del país, aumentando la posibilidad de restricciones comerciales y eliminando las visas estadounidenses de unos 500 funcionarios gubernamentales, así lo reseña AP. 

Las acciones, derivadas de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden el lunes, son el intento más reciente y quizás el más agresivo de Estados Unidos de responsabilizar al ex líder guerrillero sandinista por sus continuos ataques a los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano.

La nueva orden ejecutiva amplía en gran medida un decreto de la era Trump que declara que el secuestro de las normas democráticas por parte de Ortega, el socavamiento del estado de derecho y el uso de la violencia política contra los opositores son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Junto con la sanción simultánea del Departamento del Tesoro a la Dirección General de Minas de Nicaragua, la orden hace prácticamente ilegal que los estadounidenses hagan negocios con la industria del oro de Nicaragua. Es la primera vez que EEUU ha identificado un sector específico de la economía como potencialmente prohibido y puede ampliarse en el futuro para incluir otras industrias que se cree que llenan las arcas del gobierno.

La orden ejecutiva también allana el camino para que EEUU restrinja las inversiones y el comercio con Nicaragua, una medida que recuerda el castigo impuesto en la década de 1980 durante el primer mandato de Ortega como presidente luego de la sangrienta guerra civil del país.

Las rondas anteriores de sanciones se han centrado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, miembros de su familia y círculo íntimo, pero ninguno de esos movimientos ha logrado aflojar el control del poder de Ortega.