Con información del Diario las Américas.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha solicitado formalmente a la Oficina del Censo de EE. UU. una rectificación de las cifras del conteo 2020. Uthmeier alega que la metodología actual, que incluye a personas sin estatus legal, provocó una «pérdida injusta» de representación política y recursos financieros.
Según el representante legal, este desajuste privó a los ciudadanos de Florida de al menos un escaño en el Congreso, mientras que estados con políticas migratorias menos estrictas habrían retenido posiciones de poder de manera indebida.
La administración estatal critica que el modelo vigente ignore la condición de ciudadanía, lo que a su juicio «diluye la influencia de los votantes legítimos». Uthmeier instó a la agencia federal a retomar estándares históricos que garanticen una distribución equitativa del poder basada exclusivamente en la población legalmente residente. En su petición, exige que se incluya una pregunta obligatoria sobre ciudadanía en futuros cuestionarios y que se eliminen las inferencias estadísticas del conteo final.
Esta acción legal cuenta con el respaldo total del gobernador Ron DeSantis, quien sostiene que el sistema actual favorece intencionalmente a las regiones de tendencia demócrata. La controversia revive la pugna de la era Trump por reformar el censo, buscando asegurar que el peso electoral del país no se vea alterado por poblaciones temporales o indocumentadas. Para Florida, un recuento preciso es una cuestión de equilibrio constitucional y justicia presupuestaria.