Con información del Diario las Américas
En los últimos cinco meses, una enérgica iniciativa estatal en Florida ha resultado en el arresto de más de 6.000 personas sospechosas de residir en el país sin autorización migratoria.
Esta ofensiva, realizada en colaboración con agencias federales, busca agilizar una agenda de deportaciones a gran escala y ha posicionado al estado como un referente nacional en la aplicación de estrictas políticas migratorias.
Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, Florida ha expandido significativamente su participación en el programa federal 287(g), que delega autoridad migratoria a las fuerzas de seguridad locales. Agencias como la Patrulla de Carreteras de Florida y la Comisión de Pesca y Vida Silvestre ahora colaboran directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo a sus oficiales detener a inmigrantes por infracciones menores, como conducir sin licencia, para su posterior procesamiento migratorio.
Un ejemplo reciente de esta estrategia fue la «Operación Boleto de Ida», un despliegue de cuatro días en el centro del estado que culminó con más de 350 detenciones. El vicegobernador Jay Collins declaró que estas acciones envían «un mensaje claro e intransigente».
Las estadísticas confirman que el promedio diario de arrestos migratorios se ha triplicado en 2025 en comparación con el año anterior, con un notable aumento en la detención de personas sin antecedentes penales.
La estrategia también incluye el uso de controvertidos centros de detención, como la instalación improvisada conocida como «Alligator Alcatraz» en los Everglades, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos por presuntas condiciones inhumanas y falta de atención médica.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado estas políticas, argumentando que fomentan la discriminación racial y erosionan la confianza de las comunidades en las autoridades. A pesar de la oposición, los funcionarios estatales defienden sus acciones, calificando a Florida como un «socio inmejorable» del gobierno federal en seguridad nacional.