Con información de EFE.
Una tormenta política sacudió a Colombia a pocos días del balotaje presidencial, tras ordenarse una inusual e inválida suspensión provisional contra el mandatario Gustavo Petro.
La polémica medida cautelar fue dictada por la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, acusando al jefe de Estado de participar ilegalmente en política para apoyar al candidato de izquierda Iván Cepeda. Sin embargo, la resolución fue revocada de forma exprés al confirmarse que el organismo carece de facultades constitucionales para suspender a un presidente.
El presidente Petro reaccionó de inmediato desde la sede de la ONU en Nueva York, afirmando de forma tajante que el intento de sacarlo del cargo es una persecución por tener un pensamiento diferente. El líder del Pacto Histórico desmintió haber realizado intervenciones indebidas en la campaña electoral y denunció que el asesor jurídico de la congresista Arizabaleta trabaja directamente para su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Petro defendió que el hecho de ser presidente de la República no le quita sus derechos fundamentales a expresarse en las redes sociales.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró ante los reporteros del noticiero que la Comisión de Acusaciones es un ente de instrucción y solo el Senado puede decretar una suspensión. Los abogados constitucionalistas coincidieron en que la medida violaba el artículo 194 de la Carta Magna, calificando el auto de despropósito sin piso jurídico. Asimismo, el candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella tildó el episodio de autoatentado legislativo, asegurando que se trata de una estrategia de Petro para victimizarse antes de las votaciones.