Con información de Telemundo 51.
El régimen de Cuba endureció de forma severa el control fiscal y monetario sobre la ciudadanía tras publicar un nuevo decreto regulatorio en la Gaceta Oficial de la República. La normativa faculta al Ministerio del Interior para congelar cuentas bancarias e instrumentos financieros de manera inmediata y sin previo aviso. La ley establece que las fuerzas de seguridad del Estado pueden ejecutar estas acciones de incautación incluso si no existe una condena judicial firme, afectando la liquidez en el territorio.
La exposición de motivos de la normativa señala que la medida expedita se aplicará ante la sospecha de delitos financieros graves como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las autoridades fiscales cubanas precisaron que la confiscación de fondos abarca tanto a personas naturales como a entidades jurídicas nacionales o internacionales. El instrumento legal golpeará directamente a los negocios privados de la isla y a los ciudadanos que operen con divisas extranjeras o transferencias internacionales no justificadas.
De manera simultánea a las medidas financieras de La Habana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones destinadas a bloquear propiedades cubanas bajo su jurisdicción. El Departamento del Tesoro estadounidense justificó las sanciones comerciales como parte de su política de presión contra los funcionarios responsables de actividades represivas. El dictamen norteamericano prohíbe de forma tajante cualquier tipo de transacción comercial con los nuevos designados de la lista.
El gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, reaccionó de forma enérgica ante el anuncio de Washington, calificando las sanciones estadounidenses de inmorales, ilegales y criminales. Mediante un pronunciamiento en redes sociales, el mandatario cubano aseveró que ningún dirigente del Partido Comunista posee activos que proteger bajo las leyes de EE. UU., acusando a la Casa Blanca de actuar sin presentar evidencias reales. Con este cruce de medidas, el sector empresarial privado de la isla enfrenta un escenario de alta incertidumbre operativa y aislamiento financiero.