Con información de EFE.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una enérgica declaración de política exterior al manifestar el respaldo absoluto de Washington hacia el presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz. A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus canales institucionales, el jefe de la diplomacia norteamericana advirtió que la Casa Blanca no tolerará que agrupaciones criminales y redes del narcotráfico desestabilicen el orden democrático. El mensaje busca blindar la legitimidad del mandatario boliviano, quien asumió la conducción del Ejecutivo en noviembre del año pasado.
La nación andina enfrenta una severa crisis social desde hace dos semanas, marcada por fuertes protestas de sindicatos y campesinos afines al expresidente Evo Morales. Las movilizaciones han paralizado la conectividad interna mediante el bloqueo sistemático de las principales carreteras nacionales, exigiendo la dimisión inmediata de Paz junto a demandas de aumentos salariales y reformas legales. Las medidas de fuerza civil han dejado al departamento de La Paz completamente incomunicado, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles y material médico.
La gravedad de la coyuntura interna fue expuesta ante el plano internacional por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien intervino formalmente mediante videoconferencia en una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El diplomático denunció ante los representantes del hemisferio que las acciones de bloqueo forman parte de un golpe de Estado en pleno desarrollo. Paralelamente, el conflicto civil desencadenó la expulsión inmediata de la embajadora de Colombia en Bolivia, tras los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro.
La diplomacia estadounidense mantiene bajo estrecha vigilancia los flujos de financiamiento que sostienen los bloqueos en las zonas cocaleras del país suramericano, coordinando esfuerzos de inteligencia con agencias aliadas. Rubio enfatizó que la defensa de los gobernantes electos democráticamente constituye una prioridad estratégica para la estabilidad del continente americano bajo la actual administración de la Casa Blanca. El Departamento de Estado no descartó la aplicación de sanciones diplomáticas restrictivas contra los promotores de la insurrección civil.