Con información de EFE.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que la Asamblea Nacional aprobará en septiembre una reforma parcial a la Constitución. La iniciativa busca excluir de cualquier contienda electoral a dirigentes opositores considerados «traidores a la patria» o que hayan sido despojados de su nacionalidad.
La medida complementa los anuncios del mandatario Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en el país no se volverán a celebrar elecciones que permitan el acceso de la oposición al poder. El Parlamento controlado por el oficialismo inició reuniones con el cuerpo diplomático para presentar el proyecto.
El anuncio de la reforma generó el rechazo explícito de organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, así como de gobiernos de la región, entre ellos Costa Rica, Panamá, Brasil y Estados Unidos. Diversas cancillerías advierten sobre la consolidación de un régimen sin garantías democráticas.
Representantes parlamentarios nicaragüenses argumentaron que el nuevo marco constitucional busca proteger al Estado de supuestas injerencias extranjeras. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que la normativa suprime definitivamente el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.