El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Legítimo de Venezuela emitió una contundente declaración afirmando que la Constitución nacional se encuentra materialmente suspendida y ha perdido su eficacia normativa. Los magistrados en el exilio advirtieron que durante más de dos décadas se consolidó un sistema de control político absoluto que desmanteló el Estado de Derecho, señalando que la crisis actual no se resolverá únicamente con elecciones sin garantías, sino que requiere un desmontaje estructural de todo el aparato del Estado construido en los últimos 27 años.
El documento del TSJ Legítimo destaca un elemento determinante en la coyuntura actual: la intervención y presencia de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Según los juristas, este acontecimiento ha generado una «tutela fáctica» que ha modificado la correlación de poder en el país y sustituido, en la práctica, la titularidad de la soberanía popular. Asimismo, señalaron que la reciente designación de magistrados afines al nuevo esquema de poder en Caracas confirma que las estructuras autoritarias permanecen intactas y no existe una reinstitucionalización genuina del sistema judicial.
Ante la hoja de ruta internacional impuesta por el «Estado tutor», que plantea tres fases (estabilización, recuperación y transición), el TSJ advierte que ninguna será legítima ni viable sin el desmontaje previo del sistema de control y el restablecimiento de la independencia de los poderes públicos. Los magistrados reconocen que se busca contener el colapso económico y reactivar la inversión internacional (Fase 1 y 2), para luego conformar un gobierno legítimo (Fase 3), pero insisten en que estas acciones deben estar subordinadas a la restitución del orden constitucional venezolano y no solo a intereses de estabilización petrolera.
Para acelerar una transición auténtica, el máximo tribunal exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y garantías reales para el retorno seguro de los exiliados. Además, demandaron el cese de la persecución, la investigación de violaciones de derechos humanos bajo estándares internacionales y el desmantelamiento de las estructuras de control sobre el Poder Judicial. Los magistrados concluyeron exhortando a una unidad real de los actores políticos para lograr un gran acuerdo de convivencia nacional, recordando que «sin justicia independiente no hay democracia; sin instituciones legítimas no hay Estado».