Con información de Diario Las Américas
Estados gobernados por republicanos se apresuran a darle más poderes a la policía local para regular la inmigración indocumentada y a imponer sanciones penales, mientras continúa la crisis en la frontera y el tema de los migrantes que cruzan la frontera sur del país sigue siendo tema central para las elecciones de 2024.
El Congreso de Oklahoma aprobó rápidamente un proyecto de ley esta semana que crea el nuevo delito de “ocupación inadmisible” y lo pasó al gobernador para que lo promulgara. El nuevo delito conlleva penas de hasta dos años de prisión por estar en el estado en forma irregular.
Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley el año pasado que le permitirá al estado arrestar y deportar a las personas que ingresen a Estados Unidos sin autorización. Abbott argumenta razones de seguridad nacional y acusa a Biden por no actuar para proteger la frontera.
La ley en Texas está en pausa actualmente mientras el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito sopesa una impugnación presentada por el Departamento de Justicia federal. La ley de Oklahoma haría que sea ilegal permanecer en el estado sin un permiso legal, y una primera infracción sería considerada un delito menor y podría ser castigada hasta con un año de cárcel.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso, y las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas.
En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó un proyecto de ley este mes que tiene partes similares a la ley de Texas. Otro enfoque para desarrollar un proyecto de ley similar a la ley de Texas está avanzando en Luisiana y los legisladores de Idaho examinaban una iniciativa parecida, pero levantaron la sesión sin aprobarla. Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a los carceleros a verificar el estatus migratorio de los reclusos, parte de una respuesta política al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano.
El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley con el fin de aumentar las sentencias de prisión para los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización si son declarados culpables de delitos graves o por conducir sin licencia.