Con información de Telemundo 51.
Cilia Flores ha presentado una petición formal ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York para que se retiren los cargos de narcotráfico en su contra. La defensa argumenta que las sanciones financieras impuestas por el gobierno de EE. UU. vulneran su derecho constitucional a una defensa técnica adecuada al impedir el pago de sus abogados.
La moción se basa en la decisión del Departamento del Tesoro de revocar una licencia que permitía al gobierno venezolano financiar los honorarios legales de Flores. Según los documentos judiciales, el bufete de abogados inicialmente autorizado vio cancelada su capacidad de recibir fondos, lo que ha paralizado la estrategia de defensa de la acusada.
Flores se ha unido a la solicitud de su esposo, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos similares y también alega que el bloqueo de recursos financieros impide un juicio justo. Ambos se declararon no culpables en enero de 2026, pero ahora sostienen que no cuentan con los medios personales para costear un proceso de esta magnitud en el extranjero.
Los representantes legales advirtieron al juez que, de no resolverse la situación del financiamiento, se verán obligados a retirarse del caso. Esto podría derivar en que el Estado estadounidense deba asignar defensores públicos a los acusados, lo que representaría un costo directo para los contribuyentes de ese país.
El tribunal aún debe pronunciarse sobre esta solicitud de desestimación por falta de garantías procesales. Mientras tanto, el caso sigue generando un intenso debate jurídico sobre los límites de las sanciones económicas cuando estas interfieren con los derechos fundamentales de los procesados en cortes federales.