Con información de EFE.
El Parlamento de Venezuela aprobó el proyecto de una nueva ley de minas destinada a fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales nacionales e internacionales al sector.
Esta iniciativa surge poco después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera la Licencia General 51, la cual autoriza a empresas estadounidenses a realizar actividades de exploración, transporte y comercialización de oro venezolano. La reforma busca adaptar el marco legal a las «nuevas necesidades» del mercado energético y minero, facilitando mecanismos de arbitraje independientes para resolver controversias.
El proyecto de ley contempla la creación de una Superintendencia Nacional de Actividad Minera y un fondo social destinado a proteger la seguridad social de los trabajadores del sector.
Según el diputado Orlando Camacho, la norma permitirá regular de manera más eficiente el «Arco Minero», una zona de alto valor estratégico que ahora está en el radar de inversionistas estadounidenses tras años de sanciones. La propuesta será sometida a una consulta pública antes de su segunda discusión para ser sancionada definitivamente por la plenaria.
Este giro en la política minera coincide con la reciente reunión en Caracas entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum. Durante este encuentro, el gobierno venezolano solicitó celeridad en las reformas legales para maximizar el impacto de las nuevas licencias, que permiten incluso operaciones con la estatal Minerven. La estrategia del ejecutivo nacional parece enfocarse en reactivar la economía a través de asociaciones estratégicas en sectores que anteriormente estaban bajo restricciones internacionales.
A pesar de que la ley fue aprobada por la mayoría, sectores de la oposición criticaron la premura con la que se presentó el proyecto y salvaron su voto para realizar un análisis más profundo de sus 126 artículos. No obstante, la tendencia hacia la apertura económica en sectores clave como el petróleo y el oro parece consolidarse, posicionando nuevamente a Venezuela como un actor relevante en el mercado energético occidental en medio de la crisis de suministro provocada por los conflictos en Oriente Medio.