Con información del Diario las América.
La administración estatal de Florida ha elevado el tono contra el gobierno local de Tampa, amenazando formalmente a la alcaldesa Jane Castor con la destitución o sanciones civiles severas.
El fiscal general James Uthmeier envió una misiva exigiendo la revocación inmediata de las políticas internas del Departamento de Policía de Tampa (TPD) que limitan el intercambio de información con las autoridades federales de inmigración. El estado sostiene que estas directrices locales socavan la ley vigente al crear un entorno de protección para personas en situación irregular, lo cual contraviene los mandatos estatales.
El núcleo del conflicto reside en los manuales operativos del TPD, los cuales prohíben a los oficiales investigar el estatus migratorio de víctimas o testigos durante intervenciones policiales rutinarias.
Mientras la alcaldía argumenta que estas medidas son esenciales para fomentar la confianza comunitaria y asegurar que los delitos sean denunciados sin miedo a deportaciones, el fiscal Uthmeier afirma que el objetivo del estado es precisamente que la irregularidad migratoria conlleve consecuencias legales claras.
Según el fiscal, tales políticas de protección son responsables de la afluencia de inmigrantes indocumentados a la región.
El fiscal general ha otorgado un plazo que vence el 31 de marzo de 2026 para que la ciudad de Tampa alinee sus normativas con la política estatal de apoyo a la aplicación de leyes federales. De no cumplirse esta orden, el gobernador Ron DeSantis tiene la potestad de remover a la alcaldesa de su cargo. El estado insiste en que las jurisdicciones locales deben actuar como brazos ejecutores de la normativa de inmigración y no como filtros que impidan la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por su parte, la alcaldesa Jane Castor ha defendido la gestión de su ciudad, asegurando que revisarán las preocupaciones del estado pero manteniendo que la seguridad de Tampa depende de la cooperación vecinal. Castor recordó que la policía local ya cuenta con acuerdos federales (sección 287(g)), aunque aclaró que la interacción directa con ICE ha sido limitada debido a la falta de capacitación especializada del personal municipal.