Con información de EFE.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos elevó de forma drástica el cerco económico sobre el Caribe al imponer severas sanciones financieras contra el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y parte de su núcleo familiar.
Las medidas punitivas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyeron en las listas de restricciones a la esposa del gobernante comunista, Lis Cuesta Peraza, y a su hijastro Manuel Anido Cuesta, ciudadano que reside en Madrid. Asimismo, el decreto federal bloqueó las cuentas del coronel Alejandro Castro Espín y de su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro.
La ronda de penalizaciones fiscales dictada por la administración de Donald Trump ordenó incorporar en el listado SDN de entidades bloqueadas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y a los masivos Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la red de espionaje barrial del régimen.
El inventario de los organismos proscritos por la Casa Blanca se completó con las firmas del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la corporación de turismo Amistur y la empresa minera estatal La Victoria. La directiva implica la prohibición absoluta de transacciones comerciales y el congelamiento de activos bajo jurisdicción norteamericana.
El dictador Miguel Díaz-Canel reaccionó con vehemencia a través de sus plataformas digitales de redes sociales, calificando las designaciones de la OFAC de lista ilegítima y denunciando las declaraciones amenazadoras de Trump. El líder del Partido Comunista afirmó que la ceguera política de Washington busca reforzar el escenario de conflicto internacional y causar daños deliberados a la población civil. En sintonía con la presidencia de La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla aseveró que la vil inclusión de los funcionarios constituye un plan intervencionista que está destinado al fracaso ante la unidad de su pueblo.