Un grupo de 8 fiscales estatales demandó al Gobierno del presidente Joe Biden por el supuesto abuso del Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM), que permite a ciertos hijos de inmigrantes centroamericanos reunirse con sus padres en suelo estadounidense.
El programa permite a niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que califican para el estatus de refugiado o para libertad condicional humanitaria reunirse con sus padres en Estados Unidos sin tener que exponer su vida para cruzar la frontera de forma indocumentada.
La demanda asegura que CAM es inconstitucional. En el documento con fecha del sábado, aparecen como demandantes los estados de Texas, Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma.
“La última ronda de violaciones flagrantes de la ley de Biden incluye su Programa de Menores Centroamericanos, que ha contribuido significativamente a que muchos estados se vean obligados a aceptar aun más extranjeros. Mis colegas fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo”, dijo en un comunicado el fiscal de Texas, Ken Paxton, que encabeza la acción legal, así lo indica EFE.
Los Angeles Times afirma que a través de un comunicado aparte, Ron DeSantis, gobernador de Florida, afirmó que “la Administración Biden continúa ignorando las leyes de este país y permite que un gran número de extranjeros ilegales crucen la frontera, sin tener en cuenta los posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas”.