Con información del Diario las Américas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) implementó una directiva que reduce de treinta a diez días el plazo límite para que los refugiados defiendan su estatus migratorio.
La medida gubernamental busca restaurar la integridad del sistema migratorio nacional y mitigar riesgos asociados a la seguridad pública mediante controles más estrictos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP), cuestionaron severamente la decisión, advirtiendo que facilitará deportaciones masivas y apresuradas.
Con este cambio normativo, las autoridades estadounidenses podrán revocar protecciones legales con mayor agilidad si determinan que los argumentos presentados por los solicitantes son insuficientes.
La nueva disposición forma parte de la estrategia migratoria de la administración norteamericana orientada a revisar y endurecer los criterios de permanencia para extranjeros en el país.