El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió de manera oficial una acusación federal penal contra el exdictador cubano Raúl Castro y otros cinco implicados, elevando al máximo la campaña de presión de la administración de Donald Trump contra el régimen comunista.
Los cargos penales, desvelados este miércoles 20 de mayo, responsabilizan formalmente al político de 94 años por el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en el año 1996, una acción militar ejecutada cuando Castro ejercía el rol de ministro de Defensa de la isla y en la cual fallecieron cuatro ciudadanos cubanoestadounidenses.
Los documentos judiciales tramitados ante una corte de Miami detallan que el exlíder cubano enfrenta cargos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos por destrucción de aeronaves. La fiscalía argumenta que Castro fue quien dio la orden directa de abrir fuego contra las avionetas Cessna, las cuales partieron desde Florida para realizar misiones de rescate de balseros y sobrevuelos de denuncia humanitaria. Investigaciones previas de la Organización de Aviación Civil Internacional ya habían concluido que los misiles disparados por los cazas MiG-29 impactaron en espacio aéreo internacional.
La formalización de esta imputación coincide significativamente con la conmemoración del Día de la Independencia de Cuba y fue celebrada ampliamente por congresistas republicanos del sur de la Florida. El acto formal de presentación del expediente fue programado en la histórica Freedom Tower de Miami, contando con la dirección del fiscal general interino, Todd Blanche, y altos mandos de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Este movimiento judicial se produce en paralelo al ofrecimiento de una ayuda humanitaria de 100 millones de dólares por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, condicionada a que sea distribuida por la Iglesia católica u organizaciones independientes de confianza.
El histórico ataque de 1996 marcó un punto de no retorno en la diplomacia bilateral, forzando la aprobación de la ley Helms-Burton que endureció el embargo comercial estadounidense. El presidente Donald Trump respaldó las acciones de la Fiscalía tras reiterar que la isla se encuentra en un estado de decadencia absoluta, en un contexto marcado por un severo bloqueo energético, crisis de combustible y masivos apagones que afectan al 59% del territorio cubano. Aunque analistas internacionales sugieren que la cúpula de La Habana utilizará la acusación para afianzar su discurso de asedio y que jamás entregará a su líder histórico, la medida formaliza un bloqueo jurídico permanente contra los altos mandos del Partido Comunista de Cuba.