Con información de El Nuevo Herald.
El Departamento de Salud de Florida dictó una orden de suspensión de emergencia contra el enfermero Yordy Brito Aguila tras ser acusado de agresión sexual contra una paciente.
La medida administrativa, firmada de forma directa por el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, bloquea de forma inmediata sus dos licencias profesionales como enfermero registrado y practicante avanzado. Las autoridades sanitarias confirmaron que el expediente será elevado ante los tribunales médicos para iniciar el proceso de inhabilitación permanente.
Los hechos que motivaron la sanción se escenificaron en las salas de examen de la clínica Primary Medical Physicians, ubicada en la Taft Street de la ciudad de Hollywood.
Según describe la orden oficial de la fiscalía estatal, una paciente acudió al consultorio para una cita de seguimiento debido a una lesión traumática en el tobillo. Al iniciar la consulta, Brito Aguila comenzó a emitir comentarios inapropiados sobre el físico de la mujer, asegurándole de forma insistente que su intención era «consentirla y complacerla».
El reporte administrativo desclasa que el enfermero aprovechó la revisión física para acariciar y masajear el pie de la víctima con una clara connotación de naturaleza sexual. Posteriormente, el profesional arrimó su rostro al de la paciente bajo el falso pretexto médico de verificar una supuesta deficiencia de hierro en los ojos, procediendo a besarla en la mejilla e intentar besarla en la boca contra su voluntad. Ante el rechazo físico de la mujer, el agresor justificó sus acciones recordándole que la puerta del consultorio estaba cerrada.
Brito Aguila mantenía un perfil clínico impecable y sin sanciones en los registros de Florida desde los años 2009 y 2015. Tras el traumático incidente, el enfermero intentó contactar a la víctima mediante mensajes de texto telefónicos, los cuales fueron incorporados como pruebas informáticas por los investigadores policiales. Reporteros del diario Miami Herald confirmaron que el acusado ha rechazado responder las llamadas de los comités disciplinarios, mientras las abogadas de las víctimas exigen la apertura de un juicio penal en los condados.