Con información de Univisión.
Las autoridades de la Policía Nacional de Honduras confirmaron la ejecución de dos masacres perpetradas por el crimen organizado en el norte del país, dejando al menos 24 muertos, entre ellos cuatro agentes del orden civil. El primer ataque armado a gran escala se registró durante la madrugada del jueves en una propiedad agrícola del municipio de Trujillo, en el departamento norteño de Colón. Un comando de hombres armados irrumpió en la hacienda Panamá, en el sector de Rigores, utilizando fusiles de asalto y escopetas para ejecutar a diecinueve trabajadores de la finca.
El portavoz de la Fiscalía hondureña, Yuri Mora, detalló que los equipos forenses desplegados en la zona de Colón iniciaron el reconocimiento de las víctimas mortales en una escena dantesca. Por su parte, el subcomisario Edgardo Barahona especificó que los familiares de las víctimas retiraron de forma apresurada varios cuerpos de la hacienda para trasladarlos a sus hogares, dificultando las labores iniciales de balística. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, atribuyó la matanza a una sangrienta disputa territorial entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico y a la usurpación de fincas de palma africana.
De forma simultánea, en la comunidad fronteriza de Corinto, dentro del municipio de Omoa y en los límites con Guatemala, se registró un segundo enfrentamiento armado que dejó cuatro policías y un civil muertos. Los agentes pertenecían a un escuadrón antipandillas que había partido desde la capital, Tegucigalpa, y fueron emboscados por delincuentes armados vinculados a carteles de la droga internacionales. La institución policial condenó el asesinato de sus oficiales y ordenó la intervención militar inmediata de las dos zonas del conflicto en el norte de Honduras.
La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado oficial anunciando la conformación de equipos investigativos conjuntos integrados por fiscales del Ministerio Público para capturar a los responsables de las células terroristas. Ambas escenas de violencia armada se suscitaron en la misma semana en que el Congreso de la República aprobó severas reformas penales que autorizan al Ejército a asumir tareas de seguridad pública. Las nuevas leyes facultan al Estado a catalogar a las pandillas y carteles como agrupaciones terroristas para frenar una tasa de homicidios que supera los 24 casos por cada 100.000 habitantes.