Con información de El Nuevo Heral.
El régimen de Cuba publicó dos nuevas resoluciones en la Gaceta Oficial con el objetivo de actualizar las normativas vigentes sobre la importación de determinados equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. La medida establece que los viajeros (muchos de ellos provenientes de Miami) podrán ingresar a la isla, sin carácter comercial y sin autorización previa del Ministerio de Comunicaciones, artículos de uso doméstico como teléfonos celulares convencionales, computadoras de escritorio, tabletas, ordenadores portátiles, impresoras y memorias. La flexibilización aduanera se implementa en medio de una severa crisis económica y desabastecimiento generalizado.
El nuevo paquete regulatorio especifica que también quedan exentos de permisos previos los módems alámbricos orientados a la interconexión fija o móvil, los teléfonos inalámbricos y los sistemas de alarmas para vehículos y viviendas. No obstante, las autoridades cubanas aclararon que otros dispositivos más complejos requerirán de forma obligatoria una «autorización técnica» dictada por el gobierno para validar el cumplimiento de los estándares de conectividad. Esta regulación arancelaria coexiste con la exención de impuestos sin fecha límite para la entrada de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.
La nueva normativa legal, identificada como la Resolución 2/2026, entrará en vigor formalmente a finales del mes de julio, contabilizándose exactamente 60 días después de su publicación oficial en la gaceta estatal. El instrumento introduce además medidas de fiscalización sumamente estrictas respecto al uso y transporte de aeronaves no tripuladas o drones, los cuales deberán ajustarse rigurosamente a los reglamentos de los organismos de seguridad cubanos. Cualquier dispositivo que intente ingresar a las terminales portuarias sin cumplir con dichos requisitos técnicos será retenido de forma inmediata.
Esta actualización de las exenciones tecnológicas se produce apenas un mes después de que la Aduana de Cuba pusiera en marcha una legislación orientada a ampliar las facultades de inspección de equipajes y vigilancia a los pasajeros. El cuerpo de inspectores del terminal cuenta con la capacidad jurídica de retener mercancías, aplicar sanciones financieras e incautar bienes ante posibles infracciones. A pesar de los mayores controles policiales en las aduanas, los analistas consideran que la apertura tecnológica representa un alivio logístico directo para las redes de suministro familiar del exilio.